Este jueves, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó por unanimidad un tratado contra la ciberdelincuencia que deberá presentarse ante la Asamblea General para su oficialización, marcando un hito tras tres años de intensas negociaciones.
El tratado, el primero de su tipo elaborado por un comité ad hoc de la ONU, busca «prevenir y combatir la ciberdelincuencia de manera más eficiente y eficaz», con un enfoque especial en la lucha contra el abuso de menores y el blanqueo de capitales. Una vez ratificado, el acuerdo entrará en vigor de inmediato.
El proceso de redacción, iniciado en 2017 por una iniciativa de Rusia, ha generado controversias, especialmente por la oposición de Estados Unidos y varias naciones europeas. Recientemente, Rusia, que había sido un firme defensor del tratado, expresó su descontento, alegando que el texto final estaba «colmado de salvaguardias de derechos humanos» y acusando a otros países de perseguir «objetivos egoístas» bajo la bandera de valores democráticos.
Organizaciones de la sociedad civil y activistas, como Human Rights Watch (HRW), han alertado sobre los peligros potenciales del tratado. Advierten que podría ser utilizado por los gobiernos como una herramienta de represión y vigilancia, especialmente en la cooperación transfronteriza, sin las salvaguardias necesarias para proteger los derechos humanos.
Deborah Brown, directora adjunta del departamento de Tecnología de HRW, anticipó que el tratado enfrentará un considerable escrutinio y oposición durante su proceso de ratificación, debido a las preocupaciones sobre su posible uso para ampliar la vigilancia gubernamental sin las protecciones adecuadas contra los abusos de poder.
Críticos del tratado sostienen que su ámbito de aplicación es demasiado amplio, lo que podría convertirlo en un mecanismo de «vigilancia» mundial utilizado con fines represivos.