Legisladores del partido conservador opositor Propuesta Republicana (Pro) de Argentina han presentado proyectos de ley que buscan retirar la custodia y la pensión vitalicia como expresidente a Alberto Fernández, quien fue denunciado por su expareja por presunta violencia de género.
El diputado Damián Arabia presentó una iniciativa que propone eliminar todos los «beneficios otorgados en reconocimiento a los cargos y/o funciones» a aquellos expresidentes o exvicepresidentes que enfrenten procesos judiciales penales, tanto durante como después de su mandato. Arabia subrayó en la red social X que este tipo de pensiones «no es jubilación, es un privilegio», y que debe ser removido en caso de condena o procesamiento penal.
Otro proyecto, impulsado por la diputada Silvana Giudici y respaldado por varios legisladores del Pro, busca retirar la pensión vitalicia especial a los expresidentes condenados por delitos cometidos durante su ejercicio en la función pública. Giudici señaló que no se debería sostener con los impuestos a un «inhábil moral y violento» como Fernández, y que además se le debería inhabilitar para desempeñar cargos públicos, representaciones diplomáticas y otros privilegios asociados a su anterior rol.
Además, el proyecto de Giudici estipula que, en caso de condena, Fernández perdería su custodia oficial. La diputada expresó su rechazo a que una persona acusada de «delitos aberrantes y violencia de género» siga disfrutando de los privilegios que corresponden a un expresidente.
La denuncia contra Fernández, impulsada por su expareja Fabiola Yáñez el pasado 6 de agosto, surgió tras una investigación judicial que descubrió en el teléfono móvil de una secretaria del exmandatario mensajes y fotografías que podrían implicarlo en «lesiones leves en contexto de violencia de género». Ante esta denuncia, el juez federal Julián Ercolini prohibió a Fernández salir del país y le ordenó mantenerse alejado de Yáñez, quien denunció estar sufriendo «terrorismo psicológico» por parte del expresidente.