El Ministerio Público anunció que en octubre se llevará a cabo la formalización de 11 personas, entre ellas cuatro funcionarios públicos, en relación con el convenio entre el Gobierno Regional del Biobío (GORE) y la Fundación Bonhomía, encargada de ejecutar el plan Biobío Vive Sano.
Este caso representa el tercer trato directo del GORE que enfrenta una formalización por irregularidades. En esta ocasión, las acusaciones se centran en el escaso avance del proyecto desde que la autoridad regional transfiriera 356 millones de pesos a la ONG.
La fiscal María José Aguayo, de la Unidad Anticorrupción del Biobío, explicó que la formalización se solicitó por diversos delitos. «Se pidió esta formalización por distintos delitos: respecto de algunos particulares, por obtención fraudulenta de prestaciones estatales, además de lavado de activos, y en el caso de funcionarios públicos, también se solicitó la audiencia por fraude al Fisco», detalló.
Aguayo destacó la gravedad y complejidad del caso, solicitando que la audiencia se fijara lo antes posible. «Es una causa bastante grande, no solamente en cuanto al número de imputados, sino que también en cuanto a la complejidad de los hechos», agregó.
Aunque la fiscal había solicitado que los 11 implicados fueran detenidos antes de la formalización, esta petición fue desestimada por el Juzgado de Garantía de Concepción. La audiencia está programada para el 9 de octubre a partir de las 9:00 horas.