Tras el revelador informe de la Contraloría General de la República que detectó graves irregularidades en las listas de espera de los hospitales de Talca y Antofagasta, los diputados de Renovación Nacional (RN), Hugo Rey, Andrés Celis y José Miguel Castro, han solicitado una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.
El informe de la Contraloría revela que más de 12.000 personas no fueron correctamente registradas en el sistema de gestión de listas de espera a nivel nacional, dejando a miles de pacientes sin la atención médica que necesitaban. Las regiones más afectadas son el Maule y Antofagasta, donde se encontraron casos de pacientes declarados fallecidos o atendidos, cuando en realidad seguían esperando intervención.
El diputado Andrés Celis, miembro de la Comisión de Salud, expresó su preocupación por lo descubierto, señalando que «se han observado responsabilidades administrativas graves, que podrían derivar en responsabilidades penales». Añadió que funcionarios públicos habrían dictado resoluciones administrativas para eliminar injustamente a pacientes que llevaban años esperando atención, inventando muertes y procedimientos que nunca ocurrieron.
Por su parte, el diputado José Miguel Castro, representante de Antofagasta, calificó la situación como «inaceptable», destacando que personas podrían estar en riesgo de vida debido a la negligencia de algunos funcionarios. Castro adelantó que solicitarán «las máximas sanciones administrativas» y, de ser necesario, exigirán responsabilidades a las más altas autoridades.
Finalmente, el diputado Hugo Rey, representante del Maule, subrayó la gravedad del asunto al indicar que más de mil personas en su región fueron excluidas del sistema de gestión de listas de espera, calificando el hecho como un «escándalo» que demanda una rápida y efectiva respuesta del Ministerio de Salud. Rey advirtió que los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para que se investigue y se tomen las acciones legales correspondientes.
Los diputados han dejado claro que estos hechos podrían constituir delitos y que están comprometidos en asegurar que se haga justicia para las miles de personas afectadas por estas irregularidades.