María Corina Machado asume responsabilidad por actas electorales que cuestionan victoria de Maduro

 

La líder opositora venezolana María Corina Machado asumió este jueves la responsabilidad por la publicación de actas electorales que, según ella, demuestran la «estruendosa derrota» del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. En un mensaje a través de X, Machado afirmó que las actas son «legales, legítimas y expresan la soberanía popular del pueblo venezolano».

El fiscal general Tarek William Saab había reiterado previamente que existe una orden de aprehensión contra el excandidato Edmundo González Urrutia, quien fue señalado por la difusión de los documentos. González Urrutia, a través de su abogado José Vicente Haro, declaró que no es responsable de la «digitalización, resguardo y publicación» de las actas que fueron entregadas a los testigos en las mesas de votación. Haro argumentó que este procedimiento forma parte de las garantías del sistema electoral venezolano.

Machado defendió el proceso de «defensa del voto» y «recolección, digitalización» de las actas como un «derecho constitucional» y una «hazaña ciudadana épica». Según ella, más de un millón de voluntarios recolectaron las actas, permitiendo que en un plazo de 24 horas se presentaran «evidencias» de la victoria opositora. Machado insistió en que González Urrutia debería ser considerado el presidente electo, desafiando la legitimidad de Maduro, del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de las fuerzas armadas.

En respuesta a la acusación del fiscal, Machado calificó a la Fiscalía de ser un «brazo de la persecución y el terrorismo de Estado en Venezuela». También criticó la designación y el desempeño del portavoz de la Fiscalía como «ilegítimos» y «vergonzosos».

Por su parte, Saab confirmó que la Fiscalía mantiene la citación y orden de aprehensión contra González Urrutia, quien enfrenta cargos de «usurpación de funciones», «forjamiento de documento público», «instigación a la desobediencia de leyes», «conspiración», «sabotaje a sistemas» y «asociación para delinquir». La Fiscalía ha convocado al opositor en tres ocasiones, aunque este ha pedido respeto a su presunción de inocencia y garantías procesales.

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