La Fiscalía Regional de Coquimbo ha iniciado una investigación de oficio tras la filtración de nuevos antecedentes relacionados con el Caso Procultura, que involucra a la exPrimera Dama, Irina Karamanos. En un comunicado oficial, el organismo señaló que, según el artículo 31 de la Ley Nº 19.913 sobre lavado de activos, la difusión de cualquier tipo de información vinculada a investigaciones en curso debe ser sancionada con penas que pueden alcanzar presidio menor en sus grados medio a máximo.
El propósito de esta investigación es determinar la responsabilidad penal de los involucrados en la filtración, independientemente de su estatus o condición. La Fiscalía subrayó que las investigaciones de carácter penal, como las que abordan fraudes al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias, deben seguir su curso sin interferencias ajenas a los aspectos técnicos del caso.
La investigación por la filtración será dirigida por el fiscal regional Patricio Cooper Monti, acompañado por un equipo de fiscales, abogados y analistas criminales, quienes trabajarán junto a la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI). Además, la Fiscalía Nacional ha otorgado recursos adicionales para apoyar el proceso, incluyendo la contratación de dos abogados y la cobertura de necesidades logísticas.