Las tradicionales tarjetas de coordenadas utilizadas para autorizar transacciones bancarias iniciaron su retiro progresivo del sistema financiero chileno, en el marco de nuevas exigencias regulatorias orientadas a reforzar los mecanismos de seguridad y autenticación de los usuarios.
La medida responde a disposiciones establecidas por la Comisión para el Mercado Financiero, que fijó estándares mínimos de seguridad, registro y verificación para las entidades del sector. Inicialmente, el término de estos dispositivos impresos estaba previsto para el 1 de agosto de 2025, pero tras cuestionamientos sobre los plazos de adaptación, el regulador resolvió extender el periodo de transición hasta el 1 de agosto de 2026.
El cambio no ha estado exento de críticas, especialmente por el impacto que podría tener en adultos mayores o personas con menor familiaridad en el uso de aplicaciones móviles e internet, quienes históricamente utilizaron este método físico para autorizar operaciones remotas.
Pese a la extensión del plazo regulatorio, algunas instituciones financieras han optado por anticipar el retiro. BancoEstado inició en noviembre del año pasado la desactivación de tarjetas de coordenadas para determinados usuarios nuevos y, desde el 6 de febrero, amplió la medida a otros clientes, promoviendo el uso de sistemas como BE Pass y BE Face para validar transacciones.
Por su parte, Banco Santander comunicó que desde el 9 de marzo este mecanismo dejará de estar disponible para sus operaciones, mientras que Banco de Chile decidió mantener la modalidad hasta el plazo máximo fijado por la autoridad.
La normativa también contempla la implementación obligatoria de la Autenticación Reforzada de Clientes en determinados procesos a partir de agosto de este año. Este sistema exige el uso de al menos dos factores independientes de verificación, combinando elementos como claves personales, dispositivos físicos o validaciones biométricas.
El objetivo declarado por el regulador es fortalecer la seguridad de las operaciones financieras y reducir el riesgo de fraudes, particularmente en los segmentos de la población que aún dependen de medios impresos para realizar sus transacciones. En la práctica, este modelo requerirá validaciones adicionales en transferencias electrónicas, incorporación de nuevos destinatarios, contratación de pagos recurrentes, apertura de cuentas y modificaciones de credenciales o dispositivos de seguridad.
El retiro gradual de las tarjetas de coordenadas marca así el cierre de un sistema de autentificación que durante años formó parte habitual de la operativa bancaria, en un proceso de modernización que redefine los mecanismos de seguridad en el sistema financiero nacional.