El fiscal nacional, Ángel Valencia, reiteró la necesidad de agilizar el acceso a información bancaria en el marco de investigaciones criminales, argumentando que las actuales restricciones y procedimientos generan demoras que dificultan el trabajo del Ministerio Público.
Las declaraciones surgen tras la denominada Operación Tokio, investigación que permitió desarticular una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y que derivó en la detención de un ejecutivo bancario.
El debate cobra relevancia luego de que esta semana el Senado registrara dos empates consecutivos en la votación sobre el levantamiento del secreto bancario, medida incluida en el proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica. La iniciativa deberá ser nuevamente discutida durante la próxima semana.
Valencia señaló que uno de los principales obstáculos que enfrentan los fiscales en este tipo de investigaciones está relacionado con los tiempos de respuesta y la forma en que las entidades financieras entregan los antecedentes solicitados.
Asimismo, enfatizó que el secreto bancario debe mantener límites asociados a la protección de la vida privada de las personas, aunque sostuvo que corresponde al Congreso definir el alcance de esas garantías.
En ese contexto, el jefe del Ministerio Público cuestionó que las mismas restricciones se apliquen a organismos públicos, planteando que instituciones como municipios, corporaciones municipales, empresas estatales o ministerios no poseen un ámbito de privacidad equivalente al de las personas naturales respecto de sus cuentas bancarias.
Según explicó, para acceder a información financiera de entidades públicas actualmente es necesario cumplir una serie de autorizaciones y procedimientos que, a juicio de la Fiscalía, podrían simplificarse para avanzar con mayor rapidez en investigaciones relacionadas con eventuales delitos económicos o de corrupción.
Respecto de las personas naturales, Valencia indicó que si bien en ocasiones existen dificultades cuando algunos tribunales rechazan solicitudes de revisión de cuentas corrientes, aseguró que ese no es el problema más frecuente que enfrenta el Ministerio Público.
El fiscal nacional insistió en que una mayor agilidad en el acceso a información financiera resulta clave para seguir la ruta del dinero en investigaciones complejas, especialmente aquellas vinculadas al crimen organizado, lavado de activos y delitos económicos.